30 de septiembre de 2022

Juez aprueba a fiscales rastrear operaciones del exministro de Hacienda, Donald Guerrero

La jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la obtención de informe financiero respecto a una  investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz.

La magistrada Kenya Romero ordenó a la superintendencias de Bancos, de Valores,  de Seguro, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (IDECOOP)  proveer al director del Pepca, Wilson Camacho, los reportes e informes de los productos financieros, así como todas las informaciones tributarias.

En la autorización, la jueza fija como plazo de vigencia para ejecutar la orden judicial de 60 días a partir del 23 de agosto pasado y establece que incluye todas las informaciones que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por estos, tales como movimientos de todo tipo de cuentas y productos, entre otros, relativas a pagos y exención de impuestos relacionadas con  209 personas físicas y jurídicas.

El Ministerio Público investiga al ex ministro de Hacienda, Guerrero, por los “tipos penales preliminares” de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos.

La investigación abarca a los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, y Domingo Enrique Martínez Reyes, exmiembro del Consejo Estatal del  Azúcar.

Igualmente, Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del Banco de Reservas, Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector general de Presupuestos; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República; Princesa  Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de exmiembros de la dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios de instituciones públicas que eran subordinados al Ministerio de Hacienda.

También se menciona a  Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor de Bienes Nacionales; María Altagracia de la Rosa Hidalgo, encargada de auditoría interna de la Contraloría General de la República; Príamo Jiménez Toribio, auditor de la contraloría; William Antonio Castillo, soporte administrativo de la División de reconocimiento de deudas administrativas; Joaquín Ernesto Tavares Cabral, agrimensor de la división de reconocimiento de deuda administrativa; Wilma Esmeralda Rosario Santana, abogada de esa división.

¿Cómo operaban?

Sostiene que el modus operandi consistía en que bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para entonces Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19, 653, 871,513.80 por concepto de acuerdos transaccionales. Conforme con la pesquisa, han identificados que lograron sustraer RD$17, 300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en área protegidas, así como la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas.

Refiere el Ministerio Público que el elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de créditos por más de diez mil quinientos millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndose inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco.

Estructura

Aduce que el imputado Guerrero Ortiz creó una estructura gubernamental  compuesta  por los investigados Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Andrés Familia, Femando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo,  Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín.

También,  Pedro María Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda, hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano.

Precisa el documento que la corroboración del vínculo directo de Guerrero Ortiz con estas personas, se verifica en el interrogatorio practicado al señor Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, donde se confirma que los mismos en asociación servían a los interés del exministro de Hacienda para la realización de actos ilícitos tendentes a desfalcar al Estado.

“Es así como los miembros de esta estructura de “corrupción” para estafar al Estado maniobrando para obtener montos millonarios, todo bajo manto y protección del ex ministro de Hacienda, Guerrero Ortiz, quien facilitaba los medios para girar los pagos burlando todo proceso de control  administrativo y legal”, apunta el documento.

Entiende el ministerio público que se hace necesario recurrir a la información de los medios productos financieros y tributarios de los sujetos investigados precisados en el cuerpo de la instancia  y el petitorio de la misma, así como de las empresas relacionadas, a fin de constatar los pagos recibidos por la supuesta expropiación de terrenos declarados de utilidad pública, así como indagar posibles vinculaciones societarias y financieras.

Sostiene que la utilidad de la entrega de las informaciones financieras traerá como resultado el intercambio financiero entre ellos, su capacidad financiera, los incrementos patrimoniales, transacciones sospechosas, flujo de dinero y hasta cuentas personales o empresariales, permitiéndole profundizar y robustecer las investigaciones en curso.

Destaca que en el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría, indica que en la mayoría de los  casos se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos, y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos.

Señala que estos fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.

Sostiene que continuando con las precisiones del informe han ido corroborando a través de otros medios de pruebas, que existen diferencias muy marcadas en relación con los libramientos de pagos que figuran registrados y pagados.

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