Así operaba red de trata de personas apresada en Santiago
La presunta red de trata de personas procedentes de Colombia y Venezuela con fines de explotación sexual, desmatelada por el Ministerio Público a través de la operación Flor de Loto, seleccionaba y reclutaba a las presuntas víctimas en sus países de origen a través de una supuesta propuesta laboral, trasladándolas al país para ser explotadas.
Según consta en el expediente de solicitud de medida de coerción al que Listín Diario tuvo acceso, la red estaba dirigida por Junior David Matos Monegro y Estarly Almánzar Pérez, quienes viajaban a estos países, para ofrecer empleo a las víctimas, recurriendo al fraude y al engaño, convenciéndolas de que obtendrían un trabajo bien remunerado.
De acuerdo al documento, los imputados cubrían los gastos de vuelos y trámites de viaje, atando a las víctimas a una deuda que, una vez llegaban a su destino, se les informaba que ascendía a 3,500 dólares.
Ellas debían comprometerse a pagar esta deuda con las supuestas sumas atractivas que percibirían en el empleo prometido. Las víctimas eran trasladadas a los residenciales Molina VI y Tecasa Dorado II, V y VI, ubicados en Los Rieles de Gurabo, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde residirían. Una vez allí, debían pagar por los gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos, estando sujetas a complacer sexualmente a las demandas de los clientes, descubrieron que habían sido engañadas y que el trabajo ofrecido era diferente de las condiciones prometidas. Si se retrasaban en regresar a los apartamentos o mostraban resistencia, se les imponían multas que se sumaban a sus deudas.
Las mujeres eran trasladadas de un edificio a otro por los tratantes, que se hacían llamar presentadores o promotores, Se encargaban de exhibirlas y entregarlas a los clientes para realizar las actividades sexuales remuneradas. El Ministerio Público señala que las víctimas eran expuestas mediante la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, a través de catálogos con fotos en ropa interior, para exhibirlas y ofrecerlas a los clientes. Los precios iban de 3,500 por una hora a 2,500 pesos media hora, con pagos de transferencia y efectivo.
Las víctimas no podían negarse a realizar las actividades sexuales, ya que eran amenazadas con ser denunciadas a migración para su deportación y con causar daño a sus familiares. Además, se les privaba de libertad al prohibirles el contacto directo con los clientes, todas las interacciones debían realizarse a través de grupos de WhatsApp y las flotas telefónicas utilizadas por los imputados.
Según el expediente, no se les permitía tiempo libre, teniendo que estar disponibles cada vez que un promotor la requería para un cliente. Las victimas también eran obligadas e inducidas a consumir sustancias controladas, cuyo costo se sumaba a la deuda.
Sobre el Autor
