Empresas suplían alimentos incompletos y descompuestos a cárceles
Según el expediente de la acusación del caso Medusa, con la anuencia del exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás funcionarios de la Procuraduría, los acusados entregaban alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no aptos para el consumo humano.
“Con el conocimiento y omisión deliberada de los acusados Jean Alain Rodríguez Sánchez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Johannatan Loanders Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Antonio Mercede Marte, Mercedes Camelia Salcedo Disla y Carolina Pimentel Bonifacio, y del ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco, los acusados Rolando Rafael Sebelén Torres (a) Rafy, César Nicolás Rizik Pimentel, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos de la Cruz, Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot Brugal y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, entregaban en los distintos recintos penitenciarios alimentos incompletos, podridos, pestilentes, con gusanos, es decir, no aptos para el consumo humano, violentando la cadena de salubridad y conservación de la alimentación y poniendo en riesgo la salud de los internos de los recintos penitenciarios, la seguridad del personal al servicio de los centros de privación de libertad, y de los internos mismos, como se desarrollará más adelante”, dice el expediente.
El Ministerio Público establece que las diversas maniobras fraudulentas empleadas “por la coalición de funcionarios dirigidos por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez en contubernio con personas físicas y morales vinculadas familiarmente con la máxima autoridad de la entidad contratante, la Procuraduría General de la República, pueden sintetizarse de la siguiente manera: Constitución o adquisición de compañías de carpetas para licitar única y exclusivamente en la Procuraduría General de República”.
También incluía la “prácticas corruptas de ofrecimiento de sobornos a los encargados de los recintos penitenciarios para que recibieran conforme los alimentos podridos, en mal estado, o distintos a los licitados y contratados”.
Además, «pagos de sumas millonarias a favor de las empresas Getrant del Caribe, SRL, Inversiones Zwaziland, SRL, La Parasata Mercantil, SRL, Herrajes Rachel, SRL, Distribuidora Ropi, SRL, Comercial Viaros, SRL, Rogama, SRL, F&F Ezel Import, SRL, Ropalma, SRL, y Divamor Group, SRL, representadas por los acusados César Nicolás Pimentel Rizik, José Miguel Estrada Jackson, Reynaldo De Jesús Santos de la Cruz Hilda Cristina Jackson Mallol, Juan Asael Martínez Pimentel, Giselle del Carmen Molano Frías, Rossanna Vianela Pimentel De Martínez, Fausto Cáceres Salterio, Francisco Arturo Santos Gómez, Daniel Enrique Vásquez Feliz, Francisco Alberto Vásquez Feliz, Carlos Augusto Guzmán Oliver, José Alberto Abbot Brugal y Rafael Salvador Rasuk Sánchez, por alimentos que nunca fueron entregados en los recintos penitenciarios».
El expediente dice que «Una vez adjudicados los procesos para la ‘Adquisición de Insumos para la Preparación de Alimentos a los Recintos Penitenciarios, Escuela Nacional Penitenciaria y Centros de Menores del País’, la estructura del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, para compensar la disminución de las ofertas que hacían las empresas del entramado, le realizaban adendas a los contratos elaborados a raíz de la adjudicación, motivados por supuestos aumentos de precios, aumentos del personal penitenciario y personal administrativo, otras para una supuesta cena de navidad, y en algunos casos renovaciones de contratos vencidos».
El Ministerio Público afirma que «Estas adendas se realizaban a solicitud de la acusada Camelia Mercedes Salcedo Disla, Coordinadora Nacional Administrativa y Financiera del Modelo de Gestión Penitenciaria, solicitud que era tramitada por los acusados Johannatan Loanders Medina Reyes y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, y aprobada y firmada por el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, en violación de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, ya que lo correcto era hacer una nueva licitación para la contratación de esos servicios, toda vez que el contrato había vencido».
